Medidas del Gobierno para luchar contra la corrupción

El Ministerio de Justicia propone reforzar la Audiencia Nacional con dos nuevas plazas de juez con el fin de luchar contra la corrupción.  

Así se ha publicado en el proyecto de Real Decreto, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, y por el que se calcula que son necesarias 282 nuevas plazas para que todos los miembros en activo de la Carrera Judicial tengan un destino.

Este documento considera la necesidad de crear dos plazas más de magistrado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para tomar “medidas de lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de que la justicia sea cada vez más rápida, diligente y eficaz a pesar del actual contexto económico de contención del gasto público”.

La falta de medios, tanto materiales como personales, ha sido reivindicada de manera constante por la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad.

El ministro de Justicia prometió “no escatimar medios” para luchar contra la corrupción.

Apuesta Catalá, además, por fijar un plazo máximo de instrucción, cambiar la denominación del imputado y desglosar los macroprocesos en piezas separadas para acelerar el proceso.

Esta sería algunas de las medidas incluidas en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También ha querido aclarar el ministro que la reforma del Código Penal avanzará en el Congreso de los Diputados. 

El Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Catalá afirma que el Gobierno está trabajando para mejorar las deficiencias en la ley que denunció Lesmes.

Rafael Catalá y Ángeles Pedraza

El ministro de Justicia ha afirmado este miércoles, tras reunirse con la Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que el Gobierno ya se encuentra trabajando para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita agilizar la acción judicial y subsanar sus deficiencias.
Estas declaraciones llegan tras el comentario del Presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en las que afirmaba que la ley está hecha para el “robagallinas” y no para el gran defraudador.
En este sentido, Catalá ha declarado que se está trabajando de manera coordinada con el CGPJ para realizar las reformas de la carrera judicial. Y coincide con Lesmes en que existen “algunas deficiencias” que “no facilitan la acción investigadora y la acción enjuiciadora de los jueces.”
Algunas de las reformas que se están llevando a cabo son para prevenir el “excesivo alargamiento de los plazos en la tramitación de causas complejas”.
Otra de las medidas está orientada a dotar a los jueces de técnicas de investigación de la comisión de delitos complejos basados en las nuevas tecnologías.

El Presidente del TS y del CGPJ pide cambiar la ley

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estuvo ayer presente en “La Razón de” celebrado en la sede del periódico LA RAZÓN.

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ

Allí afirmo que: “Si la Justicia no funciona no cabe regeneración democrática en nuestro país, todos debemos empujar en el fortalecimiento de esta institución.”

Durante su intervención, Lesmes mencionó la necesidad de llevar a cabo una auténtica regeneración de las instituciones democráticas, como elemento fundamental para salir de la crisis. Para ello destacó el papel que tiene la Justicia ya que sin un fortalecimiento de esta institución no sería posible alcanzar el objetivo de la regeneración.

Ley de enjuiciamiento criminal

Lesmes afirmó que es necesario llevar a cabo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual para que se pueda abordar la corrupción y otras investigaciones.
Fue entonces cuando se refirió a esta ley como una
ley creada para el “robagallinas” y no para el gran defraudador”.
Por esta razón, Lesmes incidió en la necesidad que hay de modificar dicha ley que muestra “la incapacidad de nuestro sistema legal para afrontar este tipo de situaciones realmente novedosas.”

Otra de las actuaciones que pidió fue darle más protagonismo a los fiscales en la investigación y menos peso a los jueces.

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El Tribunal Constitucional prohíbe grabar conversaciones entre detenidos

Según una sentencia del Tribunal Constitucional se ha vulnerado el derecho al secreto en sus comunicaciones.

Tribunal Constitucional

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado que se graben las conversaciones entre detenidos en el calabozo debido a que no están previstas ni por la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni tampoco en la Ley General Penitenciaria. 

Esto se debe a un recurso de amparo de un condenado por asesinato quien fue grabado en dependencias policiales. Ahora, estas escuchas se declaran nulas como prueba de cargo y que ha sido vulnerado el derecho fundamental al secreto de comunicaciones.

La sentencia explica que la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones "deberá hallarse fundamentada en la ley, la cual habrá de expresar todos los presupuestos y condiciones de la intervención".

Por lo tanto, "la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la insuficiencia de la regulación legal en materia de comunicaciones telefónicas)y la posibilidad de suplir los defectos de la Ley, no puede ser trasladada a un escenario de injerencia en el secreto de las comunicaciones en el que no exista previsión legal alguna".