En el año 2006 se creaba la doctrina Parot, que establecía que las redenciones de penas por beneficios penitenciarios debían descontarse de cada una de las condenas impuestas y no del tiempo máximo del cumplimiento, lo que hacia que se alargara el tiempo en prisión.
Hasta este día, cada asesinato se pagaba con un año de prisión independientemente de los años a los que fueran condenados, algo que volvió a suceder a partir de la sentencia del Tribunal de Derecho Humanos.
La doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo en el año 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional posteriormente. Con la implantación de esta doctrina los beneficios penitenciarios se establecían sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre una sola.
El objetivo de la doctrina es que no fuera igual cometer un asesinato que diez.
Sin embargo, hace justo un año, el 21 de Octubre de 2013, Estrasburgo decidió derogar esta doctrina. Aunque, si bien solo se refería a una etarra, la Audiencia Nacional tuvo que cumplir de forma inmediata con el resto de presos a los que se le había aplicado dicha doctrina.
Y es que, según el tribunal, España vulneró dos de los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos:
-El 5.1 que hace referencia a la libertad y seguridad
-El 7 que establece que nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento en que haya sito cometida, no constituya una infracción ni podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
España, al haber suscrito esa convención, se veía obligada a cumplir la sentencia europea.
