El servicio de atención a los afectados por cláusula suelo recibe más de 600 llamadas en Toledo

El servicio de atención a los afectados por las cláusulas suelo puesto en marcha por el Consistorio de Toledo, ha recibido un total de 601 llamadas telefónicas según ha informado el concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Toledo, Javier Nicolás.

Javier Nicolás

El concejal ha querido mostrar su satisfacción por el buen funcionamiento de este servicio puesto que se han recibido 601 llamadas con las que se han atendido dudas y 103 de estas llamadas han desembocado en la redacción de cartas de reclamación.

Nicolás ha recordado que esta iniciativa se puso en marcha en el mes de febrero con el objetivo de orientar a los usuarios que consideran que, en sus hipotecas, se han producido abusos por parte de las entidades bancarias, indicándoles desde este servicio cuáles son los pasos que deben realizar para llevar a cabo sus reclamaciones en el ámbito previo a los recursos judiciales.

Cambios en la ley del aborto

Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, los cambios en la ley del aborto es “prioridad absoluta” del Gobierno.

Estos cambios se refieren a los relativos a las menores y la necesidad de autorización paterna para interrumpir de manera voluntaria el embarazo.

El Gobierno pretende presentar esta reforma “de inmediato” y “hay que llevarla a cabo ya, cuanto antes” y recordó que el ejecutivo trabaja en un programa de ayuda a la familia.

Esta medida pretende crear condiciones para que ninguna mujer tenga que tomar una decisión de este calibre sin tener medidas de apoyo.

Además pretende llevar a cabo esta reforma a través del “diálogo y consenso” con el resto de partidos políticos para evitar que las leyes se realicen según “bandazos” políticos. 

Entrevista a Rafael Catalá en RNE

Aquí podéis escuchar la entrevista completa realizada al ministro de Justicia en Las mañanas de RNE

Catalá pide cautela sobre la investigación a Trias

Anuncio de ajuste de las tasas judiciales

El ministro de Justicia ha afirmado esta mañana que se podrá llevar a cabo un ajuste de las tasas judiciales para las personas físicas en primera instancia.

Rafael Catalá

De esta manera, se llevará a cabo el anuncio realizado por el Ministro de reformar las tasas impuestas por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Durante una entrevista a Radio Nacional de España, Rafael Catalá ha precisado que antes de tomar una decisión quiere disponer de todos los datos y, sobretodo, los relativos a la evolución de la litigiosidad.

Catalá defiende que todo su trabajo se enmarca dentro de la continuidad del trabajo que venía realizando su antecesor en el cargo, Ruiz-Gallardón y, por lo tanto, no va a realizar una enmienda a la totalidad de las medidas adoptadas por el equipo anterior.

Lo que sí ha querido destacar ha sido que todas las reformas se van a realizar junto con los profesionales del sector ya que hacer cambios sin ellos es “inimaginable”.

El futuro de la abogacía

Richard Susskind, profesor de la Universidad de Oxford, intervino el pasado martes en el Legal Management Forum para hablar del futuro que le espera a la abogacía.

Richard Susskind

En su intervención, Susskind habló acerca de la crisis económica que ha afectado recientemente a la profesión, de qué alternativas se dispone para su viabilidad en el nuevo entorno, cuáles son las mejores estrategias para afrontarlas y el gran protagonismo de las nuevas tecnologías dentro de la evolución de la abogacía.

Para Richard Susskind, la crisis económica ha introducido, desde el año 2008, grandes cambios en la manera de ejercer la profesión y relacionarse con los clientes ya que están menos dispuestos a pagar las altas tarifas que se venían cobrando hasta ahora por los servicios de los abogados.

A parte de las consecuencias en los precios, esta crisis ha tenido otros efectos en la profesión: “el más por menos”, la liberación y las tecnologías de la información.

-Más por menos significa que los clientes han reducido sus presupuestos de gastos legales pero sin querer reducir el nivel de servicio esperado.

Esto, a su vez, trae consecuencias para los despachos ya que han tenido que reducir precios y presupuestos de ingresos pero obligados a mantener un alto nivel de calidad.

-La liberación provoca que profesionales sin cualificación como abogado presten servicios legales.

-Las tecnologías de la información permiten realizar tareas que, hasta el momento, estaban reservadas a personas altamente formadas en el tema.

Para Susskind, “en los próximos diez años, el impacto de la tecnología traerá más cambios para la abogacía que los observados en el sector en el último siglo”.

Cambios en los despachos

Ante la exigencia de los clientes por tener precios más bajos, los despachos han reaccionado reduciendo estos precios, pero también sus costes y personal.

Para Susskind esto no es suficiente. Los despachos deben definir estrategias de eficiencia que identifiquen las tareas que son útiles y se evite realizar trabajos que no son competitivos.

También es conveniente diseñar una estrategia colaborativa que reduzca costes y mejore la eficiencia. Para ello hay que identificar tareas que se pueden externalizar y eliminar las tareas para los que los abogados están sobrepreparados y se les asigne a personal de apoyo.

La importancia de la tecnología

“Los profesionales del Derecho tienen que esforzarse por anticiparse al mercado y dejar atrás su irracional rechazo al uso de las nuevas tecnologías”, destaco Susskind.

Para él, las tecnologías de la información mantendrán la profesión ya que ayudará a seguir mejorando y permite anticipar problemas

Pero los cambios no solo nos notarán los abogados, si no que se producirán también en el trabajo de los tribunales. Y es que, según Susskind, podemos esperar la aparición de figuras como Tribunales virtuales o servicios online de resolución de conflictos.


Noticia completa: http://noticias.juridicas.com/actual/4261-el-futuro-de-la-abogacia-presentacion-de-richard-susskind-en-el-legal-management-forum.html

Sentencia contra Bankia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Talavera de la Reina (Toledo) ha condenado a Bankia a devolver 150.000 euros a un preferentistas que confió los ahorros de su mujer fallecida a dicha entidad.

Los hechos ocurrieron hace cinco años y medio cuando el preferentista, casi analfabeto, llevó los ahorros de su mujer fallecida a Bankia. Allí, le hicieron “firmar el test de conveniencia del producto “en nombre de su mujer fallecida en 2005, que era la titular de las acciones que se acabaron convirtiendo en preferentes.”

Sin embargo, el pasado día 17 de Octubre el juzgado talaverano declaró nulo este contrato firmado en 2009 debido a que el banco “no informó debidamente al cliente de los riesgos de las preferentes” y, además, “obtuvo su consentimiento de una manera no adecuada”.

Según explicó el abogado del preferentista a EL DIGITAL CASTILLA-LA MANCHA, este caso es el “más absurdo” que se ha encontrado en su carrera.

En declaraciones a dicho periódico, el abogado afirma que “si Bankia hubiese ofrecido toda la información antes de firmar el contrato, el cliente no habría firmado”.

Además, quiso destacar que esta persona es “prácticamente analfabeto” después de pasar más de 20 años en Alemania trabajando y que quería sus ahorros para poder ingresar a un hijo, con una discapacidad psíquica, en una residencia adecuada.

Bankia puede recurrir

En la sentencia también se condena a Bankia a asumir las costas del proceso y dispone de veinte días para recurrir la sentencia.

Durante el proceso, Bankia afirmo que “al cliente se le suministró toda la información necesaria para la comprensión correcta de todas las características del producto” y que “la claridad de los términos del contrato no pueden inducir a error”.

Sin embargo, no parece ser así una vez dictada la sentencia.

"Firmar un documento contractual sin comprender su contenido es una omision de la mínima de un empresario"

Un juez explica en una sentencia que “firmar un documento contractual sin comprender su contenido o sin leerlo es una omisión, no ya de la diligencia media, sino de la mínima de un ordenador empresario”.

La Audiencia Provincial de La Coruña publicaba este mes una sentencia en la que rechazaba que un contrato de permuta financiera celebrado entre el administrados social de una empresa y una entidad financiera se pudiera publicar nulo por alegar que no se conocían los riesgos.

Según la explicación dada por el tribunal, no hay datos suficientes que sustenten la falta de consentimiento aducida por la empresa ya que al firmar “en todas sus páginas”, está reconociendo que emitió su declaración de aceptar dicho contrato.

Dicha sentencia destaca que la definición del contrato era comprensible y sus condiciones particulares no tenían una extensión muy grande. Además, se le realizó el test de idoneidad.

Para la Audiencia Provincial de La Coruña, era clara la existencia de riesgos ya que el aviso sobre el riesgo de la operación estaba “enmarcado y destacado con mayúsculas y en negrita”.

La única manera de que lo desconociese, según el tribunal, sería que lo hubiera firmado sin leerlo.

Según esto, “firmar un documento contractual sin comprender su contenido o sin leerlo es una omisión, no ya de la diligencia media, sino de la mínima de un ordenador empresario, porque, si bien un administrador de sociedad mercantil no está obligado a ser omnisciente, sabe que en aquello que no conoce de modo suficiente puede y debe pedir el asesoramiento preciso.”

El consumidor debe comprender las consecuencias del contrato hipotecario que va a firmar

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó sentencia sobre cláusulas suelos en la que enmarca el control de transparencia de estas cláusulas en el control de abusividad.

Lo que quiere decir que los bancos deben permitir al consumidor comprender las consecuencias jurídicas y económicas del producto que se le ha ofertado.

El juez del caso consideró abusiva la cláusula del contrato por la falta de reciprocidad en perjuicio del consumidor ya que no se estableció ninguna cláusula que protegiera al consumidor ante las subidas del tipo de interés y le pudiera compensar del riesgo que supone no aplicarle las bajadas del interés por debajo del tipo estipulado en la cláusula suelo.

La sentencia del TS

En dicha sentencia se denuncia la infracción del artículo 1 LCGC, la de los artículos 80 y 82 TR-LGDCU de 2007 y del 8.2 LCGC ante la falta de reciprocidad que compense la limitación derivada de la cláusula suelo y la ausencia de buena fe en el comportamiento llevado a cabo por la entidad bancaria antes de la firma del contrato.

Entrevista a Rafael Catalá en Onda Cero

Ya podéis escuchar la entrevista que ha realizado esta mañana Rafael Catalá, ministro de Justicia, en Onda Cero para el programa "Herrera en la Onda".

Entrevista a Rafael Catalá

Catalá: "Se revisarán las tasas judiciales"

Rafaél Catalá, minsitro de Justicia, se ha comprometido a identificar cuál es la situación de su modelo y, en especial, en lo relativo al derecho a la tutela judicial efectiva.

Y afirmo que, si se aprecia que se puede estar poniendo en peligro el acceso al mismo, se revisará.

Catalá subrayó que la Administración de Justicia española cuenta con 48.000 trabajadores a su cargo y 1.615 millones de euros de presupuesto para el año 2015 por lo que dispone de medios suficientes para llevar a cabo su tarea. Además destacó la importancia que tiene gestionar adecuadamente los recursos y personas de que se dispone.

Por último, también quiso destacar la futura Ley de asistencia jurídica gratuita con la que se quiere dar una mayor eficiencia, control y transparencia en la gestión de los recursos públicos dedicados a la Justicia española.

Rafael Catalá se reunió con representantes de asociaciones jurídicas y el CSIF

El ministro de Justicia español mantuvo, ayer día 22, reuniones con la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia así como con el CSIF para conocer tanto la situación actual de la administración de la Justicia así como sugerencias y demandas.

En la reunión con la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, Rafael Catalá ha podido conocer de primera mano las demandas y sugerencias de estos colectivos.Les ha planteado también cuáles son los proyectos y reformas que el Gobierno tiene pensado llevar a cabo durante lo que queda de legislatura como los cambios que se introducirán en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que ya se está trabajando para agilizar la instrucción de macroprocesos. Otra de las reformas que se explicó durante esta reunión fue la del Código Penal cuya tramitación se encuentra en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. 

Reunión con el presidente del CSIF

El mismo martes, el ministro de Justicia se reunió también con el presidente nacional del CSIF, el presidente nacional del área de Justicia, Francisco Lama, y el coordinador de esta sección, Javier Jordán. Esta reunión se encuentra dentro de la ronda de conversaciones que Rafael Catalá quiere mantener con los representantes de todos los sectores del ámbito de la Justicia con el fin de conocer las inquietudes y preocupaciones que les afectan. Los representantes sindicales presentes en la reunión han expresado sus reivindicaciones y sugerencias referidas a mejoras en el funcionamiento de la administración de Justicia.Mientras que el ministro de Justicia ha explicado las líneas generales de su actuación para los próximos meses, con el objetivo de mejorar la Justicia.

Se ha insistido, además, en la voluntad que tiene el ministro de trabajado con la mutua confianza y la negociación constante durante la nueva etapa que ha comenzado en el Ministerio de Justicia. 

El Gobierno trabaja en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Catalá afirma que el Gobierno está trabajando para mejorar las deficiencias en la ley que denunció Lesmes.

Rafael Catalá y Ángeles Pedraza

El ministro de Justicia ha afirmado este miércoles, tras reunirse con la Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que el Gobierno ya se encuentra trabajando para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita agilizar la acción judicial y subsanar sus deficiencias.
Estas declaraciones llegan tras el comentario del Presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en las que afirmaba que la ley está hecha para el “robagallinas” y no para el gran defraudador.
En este sentido, Catalá ha declarado que se está trabajando de manera coordinada con el CGPJ para realizar las reformas de la carrera judicial. Y coincide con Lesmes en que existen “algunas deficiencias” que “no facilitan la acción investigadora y la acción enjuiciadora de los jueces.”
Algunas de las reformas que se están llevando a cabo son para prevenir el “excesivo alargamiento de los plazos en la tramitación de causas complejas”.
Otra de las medidas está orientada a dotar a los jueces de técnicas de investigación de la comisión de delitos complejos basados en las nuevas tecnologías.

El Presidente del TS y del CGPJ pide cambiar la ley

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial estuvo ayer presente en “La Razón de” celebrado en la sede del periódico LA RAZÓN.

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ

Allí afirmo que: “Si la Justicia no funciona no cabe regeneración democrática en nuestro país, todos debemos empujar en el fortalecimiento de esta institución.”

Durante su intervención, Lesmes mencionó la necesidad de llevar a cabo una auténtica regeneración de las instituciones democráticas, como elemento fundamental para salir de la crisis. Para ello destacó el papel que tiene la Justicia ya que sin un fortalecimiento de esta institución no sería posible alcanzar el objetivo de la regeneración.

Ley de enjuiciamiento criminal

Lesmes afirmó que es necesario llevar a cabo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual para que se pueda abordar la corrupción y otras investigaciones.
Fue entonces cuando se refirió a esta ley como una
ley creada para el “robagallinas” y no para el gran defraudador”.
Por esta razón, Lesmes incidió en la necesidad que hay de modificar dicha ley que muestra “la incapacidad de nuestro sistema legal para afrontar este tipo de situaciones realmente novedosas.”

Otra de las actuaciones que pidió fue darle más protagonismo a los fiscales en la investigación y menos peso a los jueces.

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Pastor quiere que los españoles paguen 0 euros por el rescate de las autopistas

Ana Pastor, ministra de Fomento, ha asegurado esta mañana que están buscando alternativas para que el rescate de las autopistas no suponga un coste para los ciudadanos españoles, con el fin de que las autopistas que no funcionan bien hasta ahora se puedan explotar y poder pagar sus deudas.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Pastor ha afirmado: “Ante quedarte con la responsabilidad patrimonial que es pagar casi 4.000 millones de euros que tendrían que salir de los impuestos de los españoles, estamos buscando alternativas que a los españoles nos cueste cero”.

El pasado viernes se presentó a última hora una propuesta de convenio de acreedores para las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5 ante  el Juzgado de lo Mercantil número 6, según aseguraron fuentes oficiales a la agencia Europa Press.

De esta manera, se ha dado el primer paso para el rescate de las autopistas que están en quiebra. El plan de rescate previsto es integrarlas en una empresa pública tras refinanciar su deuda de 3.400 millones de euros que tienen con los bancos.

 Se pretende aplicar una quita del 50% del pasivo y convertir el resto de deuda en un bono a 30 años con una rentabilidad final superior al 1% inicialmente prevista.  

Se cumple un año de la derogación de la doctrina Parot

El 21 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puso fin a la respuesta que el Supremo había dado siete años antes a un recurso del etarra Henri Parot.

En el año 2006 se creaba la doctrina Parot, que establecía que las redenciones de penas por beneficios penitenciarios debían descontarse de cada una de las condenas impuestas y no del tiempo máximo del cumplimiento, lo que hacia que se alargara el tiempo en prisión.
Hasta este día, cada asesinato se pagaba con un año de prisión independientemente de los años a los que fueran condenados, algo que volvió a suceder a partir de la sentencia del Tribunal de Derecho Humanos.

La doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo en el año 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional posteriormente. Con la implantación de esta doctrina los beneficios penitenciarios se establecían sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre una sola.
El objetivo de la doctrina es que no fuera igual cometer un asesinato que diez.

Sin embargo, hace justo un año, el 21 de Octubre de 2013, Estrasburgo decidió derogar esta doctrina. Aunque, si bien solo se refería a una etarra, la Audiencia Nacional tuvo que cumplir de forma inmediata con el resto de presos a los que se le había aplicado dicha doctrina.
Y es que, según el tribunal, España vulneró dos de los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos:

-El 5.1 que hace referencia a la libertad y seguridad
-El 7 que establece que nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento en que haya sito cometida, no constituya una infracción ni podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.

España, al haber suscrito esa convención, se veía obligada a cumplir la sentencia europea.

En 2015 concluirá la moratoria para contratos de arrendamiento local en régimen de prórroga legal forzosa

El 1 de Enero de 2015 se va a extinguir de manera automática muchos contratos de arrendamiento, en especial, los pequeños comercios con gran antigüedad debido a que la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos cumplirá en esta fecha 20 años desde que entrara en vigor.

Esto obligará a los arrendatarios que quieran mantener abiertos los negocios a renegociar los contratos de alquiler como muy tarde el día 31 de Diciembre de 2014, si no lo hacen, desaparecerán.

Efectos para el arrendatario

-Si el arrendatario es una persona física, el contrato se extingue al jubilarse o fallecer, a no ser que quien continúe con la misma actividad sea su cónyuge. Si quien sucediera al arrendatario fuera su descendiente, el contrato finalizará el 1 de Enero del próximo año.

-Si el arrendatario fuera una persona jurídica, para aquellos locales cuya superficie sea inferior a los 2.500 metros cuadrados o aquellos que no desarrollen actividades no comerciales, el contrato se extinguirá el 1 de Enero de 2015.

Sin embargo, si se realizó un traspaso del contrato en los diez años anteriores al 1 de Enero de 1995, fecha en la que entró en vigor la Ley de Arrendamientos Urbanos, el contrato de renta antigua podrá mantenerse hasta el 1 de Enero de 2020.

Derechos del arrendatario

El arrendatario tiene derecho a una indemnización igual a 18 mensualidades de la renta vigente cuando cualquier persona comience a ejercer en el local una actividad igual o similar a la que el ejercía, antes del transcurso de un año desde la extinción del contrato.

Una vez extinguido el contrato, el arrendatario tendrá derecho preferente para continuar en el local siempre que se quisiera celebrar un nuevo contrato distinto al anterior antes de transcurrir un año desde la extinción legal del arrendatario.